Los casos de asesinato a mujeres trans en México en las últimas semanas ha llevado a que se visibilice y se comience a hablar en algunos espacios del profundo problema de violencia transfóbica estructural que viven las personas trans en el país día con día.
En los últimos dos meses los ataques a mujeres trans- según las cifras registradas- fueron once, diez de ellos transfeminicidios. Los estados en los que se han registrado estos casos son en Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Tijuana, Cancún, Chiapas, Guanajuato, Chihuahua, Estado de México y Guerrero.
Sin embargo estas cifras son cuestionadas por grupos de activistas y organizaciones que critican que en México no existe un seguimiento de los asesinatos a mujeres trans, y que en varios casos los procedimientos legales niegan estas muertes como consecuencia de violencia transfóbica ( en el caso de Alessa las autoridades responsables querían que la madre firmara que constataba la muerte por suicidio) y justifican las muertes con prejuicios y discriminación sobre la imagen de las mujeres trans dejándolas en el olvido y en la impunidad.
El enojo y la indignación contra la violencia que cobró la vida de Paola, Itzel, Ariel, Alessa, Cheva y decenas de mujeres más (muchas sin identificar aún) llevó a que sus compañeras se organizaran, buscaran espacios para visibilizar sus condiciones de opresión por su identidad de género y a que salieran a las calles a exigir justicia a un gobierno que sólo ve el pasar efímero de las vidas trans.
Transfobia: violencias machistas
En México- como en el resto del mundo y con sus diversos matices- la violencia a las personas trans, y el fenómeno del transfeminicidio, es una situación normalizada. Es una violencia que opera día con día en sus diferentes mecanismos y fuerzas.
La transfobia como fenómeno social emana en una sociedad que está atravesada por el machismo y el cis-hetero-patriarcado milenario que coloca a las mujeres y la feminidad en una posición de inferioridad estructural y simbólica. Así lxs sujetxs que se feminizan, que cuestionan las normas de género y la actuación de género socialmente esperadas por poseer un sexo y transitan en el género son patologizadxs, rechazadxs y violentadxs.
Sin embargo si hay que mirar a la violencia transfóbica que atraviesa la vida de las mujeres trans hay que mirar más profundo y más allá del sujeto que materializa y encarna la violencia.
La violencia se vive en el día a día y desde el cuerpo al ser rechazadas por su familia, cerrarles espacios y relegarlas a expresarse y transitar sólo por algunos, al negarles oportunidades escolares y laborales, marginarlas, patologizarlas, negarles el reconocimiento legal de su identidad de género, negarles servicios médicos, rechazar sus cuerpos y sus vidas como deseables o “pasables” por no ajustarse a los cánones femeninos de la cisgeneridad, fetichizarlas y estigmatizarlas, limitarlas en sus capacidades, relegar a muchas al trabajo sexual como único trabajo.
Es así que el transfeminicidio nos duele porque es la última violencia cometida contra la vida de una mujer trans dentro de una larga cadena de opresión contra las identidades que no se ajustan al orden de género. Esta violencia coloca a las mujeres trans en una mayor situación de vulnerabilidad y manda el mensaje de que nuestras vidas y nuestros cuerpos no importan, que son desechables.
Situación de las mujeres trans en México
A la situación barbárica de violencia que vivimos en México- después de 10 años de guerra contra el narco- donde el aumento en la violencia se ha hecho evidente con desapariciones y masacres de estudiantes, pueblos originarios, trabajadorxs, crímenes de odio contra la diversidad sexual y el incremento en los índices de feminicidio a nivel nacional, se suma el fenómeno del transfeminicidio.
Según los datos de Transgender Europe desde 2008 a abril del 2016 el número de asesinatos de personas trans es de 247. Después de Brasil, México ocupa el segundo lugar a nivel internacional en crímenes de odio.
Aunque el movimiento LGBTTTI+ ha ganado ciertas conquistas, éstas están bien delimitadas a ciertos puntos del país y espacios geográficos.
Muchas activistas trans han expresado que si bien es una conquista importante la Ley de Identidad de Género, que permite el cambio legal de género y su reconocimiento en documentos oficiales, esta ley no ha significado un cambio significativo en las condiciones de vida de muchas mujeres trans porque siguen sin tener acceso a un trabajo y a los servicios de salud, y la violencia cotidiana sigue marcando y en otros casos acabando con sus vidas.
Además la Ley de Identidad de Género sólo existe en la Ciudad de México, mientras que en los demás estados su aprobación ha sido negada.
Junto al acceso al matrimonio igualitario, la Ley de Identidad de Género, ambas aprobadas por el gobierno del PRD en la ciudad, colocaron a la Ciudad de México como ciudad “gay friendly”. Sin embargo este mote resulta cuestionable ya que la implementación de leyes no se ha traducido en cambios de mayor alcance en la vida de las personas trans en la Ciudad de México y que de forma contradictoria ocupa el segundo lugar a nivel nacional en crímenes de odio.
Estas leyes han sido conquista de décadas de lucha del movimiento LGBTTI+ en la Ciudad de México, décadas donde los diferentes partidos políticos negaron esas demandas (y que continúan negando en el resto de los estados), y que cuando las conceden o lanzan propuestas, lo hacen con fines electorales (como la reciente propuesta de Peña Nieto).
En estos tiempos de polarización social en donde el Frente Nacional por la Familia (FNxF) – promovido por la Iglesia, el PAN y el PES, sectores de empresarios y el Yunque- ha sacado a las calles a la derecha en movilizaciones históricas y con un discurso de odio hacia la diversidad sexual y contra la propuesta del matrimonio igualitario que incluía la adopción entre personas del mismo sexo y el reconocimiento nacional de la ley de identidad de género, distintos activistas han señalado al FNxF como responsable- con su discurso transfóbico- del aumento en la ola de violencia contra la diversidad sexual, y de mayor manera contra la comunidad trans que ha cobrado la vida de mujeres trans en las últimas semanas.
Resulta un escándalo político de qué manera la movilización del FNxF frenó la propuesta de Peña Nieto, mostrando que la Iglesia tiene fuerza política y base social qué movilizar en defensa de la “familia natural”.
Ningún partido político ha emitido un comunicado, ni ha cuestionado la violencia machista que acaba con las vidas trans. No vendrá del Morena que quiere poner a consulta nuestros derechos, ni del PRD que en su gobierno en la Ciudad de México deja libre al asesino de Paola Ledezma por “falta de pruebas” y ni del PRI que permite la injerencia de la Iglesia en el congreso.
La comunidad trans tiene que organizarse, junto al resto de la diversidad sexual y las miles de mujeres que día a día enfrentan la violencia machista, para luchar y exigir un cese a la violencia feminicida y transmisógina en perspectiva de organizar una gran movilización el 25 de noviembre.
Leah Muñoz, estudiante de biología en la UNAM y activista trans.